La creación y el funcionamiento de las OIRS se rige por el decreto N° 680, del 21 de septiembre de 1990, del ministerio del interior, publicado en el diario oficial el 16 de octubre del mismo año.
Este decreto señala que diversas entidades deben establecer OIRS. Entre estas se cuentan ministerios, intendencias, gobernaciones. Empresas públicas creadas por ley y diversos servicios públicos. Surgen como excepciones legales la contraloría general de la república, el banco central, las fuerzas armadas y las fuerzas de orden y seguridad publica, las municipalidades y el consejo nacional de televisión, no obstante, algunas de estas instituciones tienen OIRS, dándo de esa forma prioridad a sus usuarios.